Por Rafael Hernández Bolívar
Un lector me escribe diciendo que si bien es verdad que en las sociedades capitalistas hay empresas que burlan la buena fe de sus clientes, también lo es que hay mecanismos que permiten denunciar los fraudes y resarcir los daños mediante la condena a los infractores y la indemnización de las víctimas.
Abundan los ejemplos que demuestran que no es así como funcionan las cosas. Bastaría con pensar en las compañías de seguros para ver cómo evaden sus responsabilidades y se salen con las suyas, a pesar de las denuncias y hasta las demandas de sus usuarios.
En una sociedad capitalista, la superestructura jurídica política está definida en función de proteger los intereses del capital. Aunque los trabajadores y, en general, la gente organizada alrededor de reivindicaciones y derechos específicos (consumidores, ecologistas, luchadores sociales, etc.) libre decididas batallas y logre incorporar leyes y normas que reflejen comportamientos más responsables en las empresas, siempre el capital se las ingenia para burlar su aplicación, negar su pertinencia, minimizar los castigos y los montos y, si no hay más remedio que pagar, posponerlo en el tiempo tanto como le sea posible.
Otro ejemplo. Durante los sesenta se comercializó en España la talidomida, un fármaco que se usó para controlar el insomnio, las náuseas y el vómito en mujeres embarazadas. Este medicamento, fabricado por la empresa alemana Chemie Grünenthal, provocó malformaciones en niños cuyas madres lo habían ingerido durante el embarazo. Durante cincuenta años las víctimas sobrevivientes de España, o sus familiares, demandaron a la empresa en solicitud de una indemnización. Promovieron pruebas que finalmente les dieron la razón. Sin embargo, el pasado septiembre, el Tribunal Supremo de España, rechazó el pago de indemnización a las víctimas, argumentando que la responsabilidad civil de la empresa había prescrito.
A apenas semanas de haberse destapado el fraude Volkswagen, ya comienzan a operar los mecanismos judiciales y gubernamentales destinados a proteger esa empresa.
