domingo, junio 28, 2015

La deuda griega es “ilegítima, inmoral y odiosa”


Por Rafael Hernández Bolívar

El FMI exige el pago de una deuda que, a la luz del derecho internacional, los expertos ya han auditado como ilegitima, inmoral y odiosa.

En marzo de este año, el parlamento griego nombró la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública Griega, presidida por Éric Toussaint e integrada por expertos internacionales y nacionales. Tiene entre sus objetivos establecer “qué parte de esta deuda ha sido utilizada para el bien común y por tanto, es legal y debe ser pagada y qué parte ha sido malgastada y por tanto, es ilegal".
Después del intenso trabajo desarrollado en los últimos cuatro meses, la Comisión ha presentado su primer informe. Las primeras conclusiones reiteran lo que son verdades evidentes para el pueblo y el gobierno griegos: La deuda ha sido básicamente un medio para convertir deuda privada en deuda pública y, en consecuencia, colocar sobre las espaldas del pueblo las privaciones y los sacrificios que imponen el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea.

Peor que la enfermedad
Desde hace cinco años Grecia ha cumplido los compromisos y los sacrificios exigidos por la troika (FMI, BCE y CE). El otorgamiento de cada préstamo ha sido precedido de terribles medidas como el despido de funcionarios públicos, la disminución del monto de las pensiones e incremento de la edad de jubilación, la rebaja en los salarios, aumentos en los impuestos y la ejecución de recortes en las cuentas del Estado. Todo esto para pagar una enorme deuda que supera con creces el Producto Interno Bruto.
Durante este lapso las dificultades económicas, en lugar de resolverse, se han acentuado y, consecuentemente, se han multiplicado graves problemas sociales, se ha incrementado el desempleo, quebrado infinidad de empresas, deteriorados los servicios públicos y el nivel de bienestar social, resentida la educación y empujados a mayor pobreza centenares de miles de ciudadanos griegos. En el ínterin se ha engrosado la deuda mediante absurdos contrato de armas, la acumulación de intereses y el desenfreno de la corrupción.
La perspectiva de la troika es la de los intereses de los acreedores, no el desarrollo y el mínimo bienestar de Grecia. Su preocupación es cobrar, exprimir todos los recursos y los sacrificios del pueblo griego. Los acreedores aspiran al máximo beneficio y cada rescate es una oportunidad para el negocio. Los sufrimientos del pueblo son daños colaterales, datos apenas de una realidad terrible que siempre es posible endosarle a la responsabilidad de los gobiernos, de los partidos y de los políticos. Ellos entienden la unidad europea como un mercado cautivo sometido a sus reglas e intereses.

Ilegítima, inmoral y odiosa
La Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública Griega ha llegado a una conclusión inobjetable: “… Grecia no sólo no tiene la capacidad de pagar esta deuda, sino que tampoco debe pagarla en primer lugar porque la deuda que surge de los acuerdos de la troika es una violación directa de los derechos humanos fundamentales de los habitantes de Grecia. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que Grecia no debería pagar esta deuda porque es ilegal, ilegítima y odiosa.”
La ilegalidad e ilegitimidad de la deuda se desprende de la violación de normas del Derecho Internacional, de la propia normativa de la Comunidad Económica Europea, de la Constitución Griega y de acuerdos internacionales suscritos por Grecia.
También esa deuda es inmoral. En plena crisis económica, por igual conservadores y socialdemócratas, asignaban al Presupuesto de Defensa un rango del 4 y 6 por ciento del PIB , incluyendo adquisición de armamentos que ubicaron a Grecia, un país con diez millones de habitantes, como el quinto importador de armas en el mundo. Los máximos acreedores europeos, los exigentes despiadados de la cancelación de la deuda, hicieron estos prestamos violentando los límites impuestos por la normativa internacional.
El carácter de deuda odiosa es de una claridad meridiana. La teoría jurídica pertinente habla de deuda odiosa para referirse a la que se adquiere en contra de los intereses de los ciudadanos de un país y cuyos recursos son utilizados para otros fines diferentes al interés del Estado y de los ciudadanos. En el caso griego, parte importante de los préstamos fueron utilizados para financiar bancos comerciales en quiebra y para pagar deudas del sector privado. En este sentido, un agravante adicional es que los prestamistas estaban plenamente concientes del destino de esos fondos.

La batalla de Bruselas
El gobierno de Alexis Tsipras ha enfrentado con decisión el modelo neoliberal impulsado por la troika. Teniendo como orientación el mandato del pueblo ha hecho propuestas para tornar viables los compromisos, sin hipotecar ni el futuro ni el bienestar de Grecia. Sin embargo, tercamente la troika, conciente de su poder omnímodo, se empeña en mantener sus condiciones y tapa sus oídos al clamor del pueblo griego. Christine Lagarde, representante del FMI, con voz prepotente, ha dicho: Ninguna renegociación de la deuda, ninguna prórroga, ningún préstamo.
Este comportamiento de la troika es una táctica política dirigida a provocar la caída del gobierno de Tsipras. Un gobierno sin recursos, con limitadas posibilidades de maniobras, sin tiempo para consolidarse, podría perder apoyo popular y desplomarse. Con su caída esperarían un gobierno dócil y la frustración de los movimientos de cambio que tienden a consolidarse en España y en otros países europeos. 
Grecia resiste. El pueblo griego lucha con coraje en esta desigual batalla. El gobierno de Tsipras ha manejado las negociaciones con absoluta transparencia y ha denunciado los atropellos al derecho y recurrido a la sensatez en las proposiciones. Los pueblos del mundo tienen el deber de brindar su apoyo y solidaridad.

jueves, junio 11, 2015

Felipe, de visita breve y pies ligeros


Por: Rafael Hernández Bolívar

Fracasó la pretensión de la derecha internacional de convertir a Felipe González en paladín de la justicia

Desde el momento en que Felipe González dio sus primeras declaraciones en el aeropuerto, reconociendo de que lo habían tratado bien, ya se vislumbró que los acontecimientos se salían del guión. No hubo hostilidad alguna ni trabas administrativas que impidiera su entrada al país. Sorprendido dijo: “¡No me dijeron nada, todo ha salido bien! ¡Cómo a cualquier ciudadano!”.
Es decir, no le obligaron a abrir las maletas  ni fue sometido a interrogatorios, ni retenido durante horas, ni secuestrados sus documentos personales, ni palpado su cuerpo en una operación de cacheo, ni sus acompañantes aislados o vejados. ¡Nada de qué agarrarse la gran prensa pendiente del menor gesto que desnudara “al régimen dictatorial”. ¡Ni una expresión agria!

Claridad institucional
Las instituciones venezolanas han descrito con meridiana e inobjetable claridad las motivaciones y el marco de desempeño de las gestiones de Felipe González en Venezuela. 
La Asamblea Nacional desnudó la acción política de injerencia en la situación venezolana y el desconocimiento del marco jurídico de nuestro país que supondría la intervención del expresidente español en el juicio que se sigue a los acusados de atentar contra la democracia venezolana y ocasionar víctimas humanas y daños materiales como consecuencia de sus acciones. En tal sentido, recogiendo el clamor de justicia nacional, en decisión soberana y democrática, la máxima expresión del Poder Legislativo, le declaró persona non grata.
El Tribunal Supremo de Justicia, por su parte, precisó las razones jurídicas que rechazan la incorporación como abogado defensor en los juicios contra Ledezma, López y Ceballos. Su ejercicio “vulneraría la Ley de Abogados y la certificación de título profesional que exige la Carta Magna para ejercer dicha profesión en nuestro país".
La Presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, puntualiza que nada desviará “el curso de la Justicia venezolana en su ineludible misión de cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de sus competencias, la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela". Más aún, hace una precisión clave en el juicio mencionado: Los acusados "no son prisioneros políticos, sino procesados judiciales por la presunta comisión de delitos tipificados en el ordenamiento jurídico venezolano, cuya responsabilidad o no, será determinada por los tribunales penales que conocen sus respectivas causas". A los detenidos se les "han respetado las garantías y los derechos humanos (...), entre ellos el derecho a la defensa y al debido proceso, premisa que siempre ha sido garantizada a todo ciudadano o ciudadana a quien se le siga un proceso judicial en el territorio nacional".

Ledezma bajo los reflectores
Felipe González forma parte de su última comparsa. “Estarás en la primera plana de todos nuestros diarios”, le han dicho. “Te promocionaremos como valiente defensor de los derechos humanos”. Sabe muy bien que no corre ningún riesgo en un país respetuoso de las leyes. Acepta el papel. La prensa reaccionaria cumple. Reseña que el gobierno impide a González llevar su escolta armada. Sin embargo, nada dice de que las movilizaciones de este personaje son protegidas en Venezuela por el Sebin y por la Policía Nacional Bolivariana. ¡Hasta se detiene el tráfico para que se desplace sin colas ni contratiempos!
Por su parte, Ledezma es un actor consagrado. Recordamos la interpretación estelar que hizo sobre la camilla de una ambulancia en época del paro “cívico”. Allí, en vivo y en directo por Globovisión, vimos como con respiración asmática y dificultades para hablar, Antonio Ledezma narraba que las fuerzas del orden público habían arremetido contra una manifestación “pacífica” de ciudadanos. Tal declaración produjo en mí un ataque incontenible de risa en virtud de un mísero detalle: Segundos antes, sin cortes de ningún tipo, en vivo y en directo, habíamos visto al actorazo Ledezma, con voz clara y firme, impartiendo instrucciones a su partidarios para hacer más efectiva la movilización. En ese momento, alguien que no se ve en pantalla, dice: “Antonio, ya la televisión está aquí”. De inmediato, con una agilidad felina salta sobre la camilla, se coloca una mascarilla de oxígeno, compunge la cara e inicia su interpretación consagratoria: “La policía... arremetió ... de manera salvaje... contra esta... pacífica manifestación…”
No he dejado de imaginarme la cara que puso para recibir al valiente Feli-pillo. Ensayó frente a un espejo, modeló la cara y los gestos más convincentes. Buscó el mejor ángulo para proyectar la imagen de “mártir por la libertad”. O la demacrada cara que refleje la caprichosa enfermedad de la que se valen los políticos venezolanos para evadir la justicia y obtener beneficios.
-Antonio, ya la televisión está aquí.

Diálogo con los victimarios
Felipe González habla de que Venezuela necesita diálogo. Llega y dialoga con representantes de la MUD, con los abogados de Leopoldo López y Daniel Ceballos y con Antonio Ledezma. Vale decir, con los acusados de ser los victimarios en los hechos de violencia ocurridos el año pasado. 
Ante tal oferta, los familiares de las víctimas se dicen a sí mismos: “Ya que este señor se autoproclama defensor de la justicia y promotor del diálogo, debe escucharnos a nosotros, evaluar nuestros casos y escuchar nuestras razones. Debe oír nuestro clamor de justicia”.
A partir de este momento, la preocupación de González y sus contratantes es cómo evadir el encuentro, cómo evitar que los confronten con las pruebas, cómo ignorarlos, cómo invisibilizarlos y convencer al mundo de que no existen.
Esto tampoco estaba en el guión y sólo queda poner los pies en polvorosa. Urgente: ¡Hay que activar el eje Miami-Madrid-Caracas!

miércoles, junio 10, 2015

El valiente Feli-pillo y el pantallero Ledezma


Por: Rafael Hernández Bolívar

Felipe González forma parte de la última comparsa. “Estarás en la primera plana de todos nuestros diarios”, le han dicho. “Te promocionaremos como valiente defensor de los derechos humanos”. Sabe muy bien que no corre ningún riesgo en un país respetuoso de las leyes. Acepta el papel. La prensa reaccionaria cumple. Reseña que el gobierno impide a González llevar su escolta armada. Sin embargo, nada dice de que las movilizaciones de este personaje son protegidas en Venezuela por el Sebin y por la Policía Nacional Bolivariana. ¡Hasta se detiene el tráfico para que se desplace sin colas ni contratiempos!
Por su parte, Ledezma es un actor consagrado. Recordamos la interpretación estelar que hizo sobre la camilla de una ambulancia en época del paro “cívico”. Allí, en vivo y en directo por Globovisión, vimos como con respiración asmática y dificultades para hablar, Antonio Ledezma narraba que las fuerzas del orden público habían arremetido contra una manifestación “pacífica” de ciudadanos. Tal declaración produjo en mí un ataque incontenible de risa en virtud de un mísero detalle: Segundos antes, sin cortes de ningún tipo, en vivo y en directo, habíamos visto al actorazo Ledezma, con voz clara y firme, impartiendo instrucciones a su partidarios para hacer más efectiva la movilización. En ese momento, alguien que no se ve en pantalla, dice: “Antonio, ya la televisión está aquí”. De inmediato, con una agilidad felina salta sobre la camilla, se coloca una mascarilla de oxígeno, compunge la cara e inicia su interpretación consagratoria: “La policía... arremetió ... de manera salvaje... contra esta... pacífica manifestación…”
No he dejado de imaginarme la cara que pondrá para recibir al valiente Feli-pillo. Ensaya frente a un espejo, modela la cara y los gestos más convincentes. Busca el mejor ángulo para proyectar la imagen de “mártir por la libertad”. O la demacrada cara que refleje la caprichosa enfermedad de la que se valen los políticos venezolanos para evadir la justicia y obtener beneficios.
-Antonio, ya la televisión está aquí.

domingo, junio 07, 2015

Ada Colau, voz y coraje del pueblo


Por Rafael Hernández Bolívar

El liderazgo de Ada Colau, la recién electa alcaldesa de Barcelona,  España, se ha gestado al calor de la denuncia, de la protesta, de la indignación ante una sociedad que colocó sus instituciones y sus recursos al servicio de los intereses del neoliberalismo.

Gestando el cambio
Su candidatura no fue el acuerdo de cúpulas gestoras de convenios y transacciones recomendadas por mafias empresariales o financieras. Su candidatura fue escogida mediante un proceso de primarias abiertas en las cuales los ciudadanos decidían la conformación de la lista de candidatos de la plataforma Barcelona en Común a las elecciones del pasado 24 de mayo  y también decidían, de manera jerarquizada, cuales serían las medidas iniciales  -el llamado Plan de Choque- que tomaría la Alcaldía de Barcelona una vez conquistada la victoria.
El Plan de Choque prioriza los programas dirigidos a atender los derechos humanos fundamentales contemplados en la Constitución española, hoy echados de lado por el gobierno del Partido Popular dirigido por Mariano Rajoy.  Con todas sus letras y con asignaciones presupuestarias explícitas se plantea reivindicar el derecho a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la salud, al transporte, a la justicia, a la igualdad. Igualmente, se propone parar los desahucios, exigir responsabilidad a los banqueros, acabar con privilegios y sueldos abusivos, 
La campaña electoral no dispuso de chequeras jugosas del poder económico ni del uso ventajoso de la industria mediática con que contaron los candidatos de los partidos de la derecha española. Contó, eso sí, con la gente y, en contrapartida, fue una campaña electoral lúcida, con la participación entusiasta de los ciudadanos, con la presencia masiva de los sectores populares y un gran derroche de imaginación y compromiso. Más aún, fue una campaña que no tuvo que recurrir al nacionalismo catalán para obtener un mayoritario respaldo de los barceloneses. Atendió, eso si, a los planteamientos de la gente recogidos en miles de encuentros en comunidades.
En esta “lucha de David contra Goliat”, como la denominó la propia Ada Colau, la victoria es la recompensa al esfuerzo y la clara toma de partido por las mayorías.

Una trayectoria de lucha
Desde la misma explosión de la crisis inmobiliaria de 2008, Ada Colau tiene una participación muy activa en el reclamo del derecho a la vivienda, en la denuncia de los responsables, en la protesta contra las acciones tomadas por el gobierno para proteger al capital financiero y en la protesta contra la inmoralidad de los desalojos impulsados por los mismos bancos generadores de crisis, a la vez que receptores del dinero público que los libraba de la bancarrota. De allí se consolida el colectivo Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), organización de base que gracias a sus acciones logró parar centenares de desahucios que, de otra manera, hubiesen arrojado a más familias a la calle.
Participa también en las movilizaciones del movimiento de los indignados que sacude al país y que asume forma nacional con el acampamiento en la Puerta del Sol, en Madrid, el 15 de mayo de 1911. Del aprendizaje derivado de esta gran experiencia de masas va surgir la agrupación de los colectivos más avanzados en la organización política Podemos que tantos dolores de cabeza está dando a la transición liderada por el bipartidismo (PP y PSOE), surgida a la muerte de Franco, y cuya capacidad de maniobras está agotada y sin futuro. 
Ada Colau encabeza la protesta contra los desahucios y la lucha por una vivienda digna. No sólo en las manifestaciones de calle, en la acusación a los banqueros y a los políticos cómplices sino también en la investigación, en la publicación de libros, en los tribunales y en la solidaridad efectiva con las víctimas. 
Por eso, al momento de votar, con toda seguridad a la mente de los ciudadanos acudían las imágenes de Ada Colau interviniendo en las asambleas, ocupando las calles con masivas movilizaciones, siendo detenida por la policía y siendo arrancada de las manifestaciones o, interviniendo con un pequeño megáfono y lágrimas en los ojos en un tribunal para exigir justicia e impedir que unos ancianos fueran echados de la vivienda que habían habitado durante toda su vida.

“Se acabó el invierno..”
“Se acabó el invierno y llega la primavera… hemos salido más que vivos de un invierno en trincheras enfangadas en el que nuestro adversario pensaba derrotarnos”,  ha dicho Pablo Iglesias. De esta manera, el líder de Podemos saludaba el gran avance que las fuerzas del cambio. 
Puede más la voluntad de lucha y la fe en el pueblo. Y es que en España el bloque político para el cambio se está construyendo con una fórmula infalible: Desde el pueblo. 
La calle se llenó de gritos de protestas ante una clase política corrupta y servil frente a los intereses de los grandes capitales, a la par que displicente a las exigencias de las grandes mayorías. La protesta tomó cuerpo de indignación en las plazas y se movilizó por las ciudades. La gente desveló la trama de corrupción y la disposición de los gobiernos de la derecha a sacrificar al pueblo en aras de los banqueros, del gran capital y del mercado.
La derrota propinada al Partido Popular en los más importantes bastiones del país no deja dudas sobre la consolidación de una decidida voluntad de cambio. Aún no se ha roto el espinazo del bipartidismo; pero, se resiente de fisuras y fracturas y no luce factible su recuperación de las heridas, sino el empeoramiento de su gravedad.

El sistema electoral español y el bipartidismo


Por Rafael Hernández Bolívar

El sistema electoral español está diseñado para proteger el bipartidismo y frenar el avance de las fuerzas del cambio.

El detalle técnico
Decía Ortega y Gassett: «La salud de las democracias, cualquiera que sea su tipo y su grado, dependen de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral, todo lo demás es secundario. Si el régimen de comicios es acertado todo va bien, si no, aunque el resto marche óptimamente, todo va mal. Sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire».
En España, echando de lado esta sabia advertencia del filósofo, en el período de la transición del franquismo a la representación de partidos, se diseñó un sistema electoral que distorsiona la voluntad popular y favorece al bipartidismo en el conteo de los votos y en la asignación de la representación de acuerdo a los resultados electorales. Esto es posible combinando de manera perversa aspectos del proceso que, en principio, lucen racionales; pero, al asignarles sesgos particulares, se distorsionan en beneficio del poder. Son estos la representación de la provincia, la conformación de los circuitos electorales, la asignación de escaños de acuerdo del método D’Hondt y la obligación de gobernar por acuerdo de minorías cuando no se obtiene la mayoría absoluta.
El resultado es que para las provincias pequeñas, por ejemplo, se requiera menor cantidad de votos para obtener un diputado que en una grande. O, dicho de otra manera, el voto del ciudadano de una provincia de gran concentración poblacional vale menos en la escogencia de la representación política. Y es precisamente en las provincias menos pobladas en donde hay mayor influencia conservadora y, en todo caso, habiendo dos diputados que repartir, al usar el método D’Hondt –en principio apropiado para la asignación proporcional- se termina por repartirlos entre los dos partidos mayoritarios, sin posibilidad de que se conforme una tercera fuerza nacional. 
Adicionalmente, un partido ganador que obtiene la mayor votación, pero que sin llegar a tener la mayoría absoluta, al momento de conformar gobierno se ve obligado a pactar con otros partidos para poder gobernar. Esto significa que un partido nuevo que gane con el 48% de los votos, pueda sin embargo, ser desplazado por los demás partidos si suman sus votos, lo cual significaría una distorsión de la voluntad popular pues son esos partidos y no los ciudadanos quienes deciden el gobierno. Esto ha dado origen a la aparición de prácticas políticas detestables e inmorales como los “transfugas” (diputados o concejales de un partido que se pasan a otro por prebendas o dinero) o el intercambio de cargos en función del apoyo al gobernante.

El sello del franquismo
Ahora bien, estos “detalles técnicos” en el régimen electoral español no son casuales ni fruto de la ignorancia sino deliberadamente decididos por el franquismo que, cediendo en algunos aspectos en el ejercicio del voto, se esmeró, sin embargo, en el establecimiento de mecanismos y procedimientos judiciales y administrativos que le permitieran evadir reclamos y sobrevivir, de manera más o menos impune y conservando privilegios, en el nuevo período político inaugurado a la muerte del dictador. 
Oscar Alzaga, abogado, -para el momento diputado de la Unión Centro Democrático (UCD), partido de Adolfo Suárez, formó parte de la comisión que elaboró el régimen electoral de la transición-, dice textualmente “Fue pactado por el gobierno pre-democrático con las fuerzas de la oposición, fue elaborado por expertos, entre los cuales tuve la fortuna de encontrarme y el encargo real consistía en formular una ley a través de la cual el gobierno pudiese obtener mayoría absoluta”.
El surgimiento de una fuerza transformadora tiene enorme dificultades para estructurarse nacionalmente y, quizás, sea esta circunstancia una de las razones por las cuales las fuerzas impugnadoras dentro del panorama político español terminan agrupándose alrededor de los nacionalismos (catalán, vasco, gallego, canario) lo que representa una dispersión de su aliento integrador y revolucionario. En ese sentido debe entenderse la negativa de Ada Collau de ceder a la exigencia de Esquerra Republicana de apoyar la ruta nacionalista catalana como condición para darle su voto como alcaldesa de Barcelona. Respondió que su gobierno se debe a la voluntad de los barceloneses, sean catalanistas o no.

Podemos le da vuelta a la tortilla
La irrupción de Podemos tiene un sello impugnador a las prácticas políticas que han conducido a la actual crisis española. En su requisitoria  incluye al sistema jurídico español, baluarte de la toma de decisiones que protegen a los grandes capitales en detrimento del bienestar de las mayorías. Pero esta reconstrucción de la política se da alentando una visión nacional e integradora. Partiendo de una nueva interpretación de los hechos políticos y económicos que sacuden la sociedad española, se construye un programa de exigencias desde las grandes mayorías. Los problemas y los derechos del ciudadano conforman la plataforma que agrupa al país.
Con esto cambian las reglas del acuerdo entre partidos que vienen manejando la gobernabilidad de espaldas a la gente. Por eso han establecido como línea roja de las negociaciones los programas conformados por los ciudadanos con los cuales se asistió a la consulta electoral del 24 de mayo. Ya no es posible la práctica habitual de “te apoyo aquí, tu me apoyes allá”.  “Aquí y allá” tiene que decidirse en función de los programas ganadores, debe decidirlo la gente.
De esta manera, se está gestando la conciencia de la necesidad de una nueva Constitución, una constituyente que abra caminos a la participación y a la decisión de los españoles. Se está conformando una mayoría real y se están definiendo los instrumentos que la harán gobierno.