Creo que si hay una medida gubernamental que ha ganado el aplauso entusiasta de las compañías aseguradoras ha sido esta de reglamentar los costos de los servicios médicos privados. Con ello tendrán en sus manos un instrumento más para condicionar los pagos y objetar las coberturas de sus polizas. Como si fuesen pocas las cláusulas excluyentes y las letras pequeñas que bloquean pagos, ahora tendrán como excusa para no pagar o pagar menos –cuando por alguna complicación de la enfermedad o del parto se traspasen los límites establecidos- la circunstancia de que existe una tabla en donde se especifican los costos para cada servicio médico.
La medicina privada es asunto de muchas aristas y de diversos factores. Además de las aseguradoras que son sus principales clientes-que a su vez tienen en la administración pública su mayor clientela-, están las clínicas y laboratorios, los vendedores de equipos médicos, los profesionales de la medicina y, por supuesto, los clientes: Los pacientes, víctimas inocentes de este fuego cruzado de intereses.
A los innegables beneficios que suman a sus extraordinarias ganancias anuales las empresas de seguros –cobrarán igual y pagarán menos-, también hay que señalar que los dueños de clínicas tampoco salen perjudicados; pués, como empresas privadas regidas al fin y al cabo por la ley del máximo beneficio sobre el mínimo de esfuerzos y recursos, les bastará con hacer ajustes en sus costos, utilizando productos de menores precios –aunque de peor calidad- para los mismos procedimientos y, sobre todo, recortando los gastos de mano de obra –vale decir, los médicos y personal técnico- para de esta manera obtener iguales o mayores ganancias. No se necesita mucha imaginación para pensar quien será el perjudicado.
¿Significa que no debe hacerse tal regulación? No. Significa que no es la manera de garantizar una buena oferta de servicios de salud privados, razonables desde el punto de vista económico y óptimos en cuanto a calidad.
Hay que pensar en los pacientes y en los médicos que asumen la curación de los enfermos. La solución es mejorar la salud pública. Es dotar a los hospitales de equipos avanzados tecnológicamente y de médicos excelentemente preparados y bien remunerados. Así, los pacientes acudirían a los servicios de salud públicos y quienes por consideraciones distintas a la excelencia de esos servicios prefieran la medicina privada, acudan allí y asuman sus gastos, con o sin aseguradoras.
rhbolivar@gmail.com
La medicina privada es asunto de muchas aristas y de diversos factores. Además de las aseguradoras que son sus principales clientes-que a su vez tienen en la administración pública su mayor clientela-, están las clínicas y laboratorios, los vendedores de equipos médicos, los profesionales de la medicina y, por supuesto, los clientes: Los pacientes, víctimas inocentes de este fuego cruzado de intereses.
A los innegables beneficios que suman a sus extraordinarias ganancias anuales las empresas de seguros –cobrarán igual y pagarán menos-, también hay que señalar que los dueños de clínicas tampoco salen perjudicados; pués, como empresas privadas regidas al fin y al cabo por la ley del máximo beneficio sobre el mínimo de esfuerzos y recursos, les bastará con hacer ajustes en sus costos, utilizando productos de menores precios –aunque de peor calidad- para los mismos procedimientos y, sobre todo, recortando los gastos de mano de obra –vale decir, los médicos y personal técnico- para de esta manera obtener iguales o mayores ganancias. No se necesita mucha imaginación para pensar quien será el perjudicado.
¿Significa que no debe hacerse tal regulación? No. Significa que no es la manera de garantizar una buena oferta de servicios de salud privados, razonables desde el punto de vista económico y óptimos en cuanto a calidad.
Hay que pensar en los pacientes y en los médicos que asumen la curación de los enfermos. La solución es mejorar la salud pública. Es dotar a los hospitales de equipos avanzados tecnológicamente y de médicos excelentemente preparados y bien remunerados. Así, los pacientes acudirían a los servicios de salud públicos y quienes por consideraciones distintas a la excelencia de esos servicios prefieran la medicina privada, acudan allí y asuman sus gastos, con o sin aseguradoras.
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