Por Rafael Hernández Bolívar
Las víctimas de la violación de derechos humanos y de derechos civiles por parte del Estado norteamericano, son pobres, independientes de su raza. Sin embargo, la prensa, las movilizaciones y la opinión pública insisten en caracterizar las muertes y abusos ejecutados por la policía como episodios de discriminación racial.
La Bureau of Justice Statistics, (http://www.bjs.gov) registra las muertes bajo custodia policial, así: 41,7% blancos, 31,7% afroamericanos y 20,3% hispanos. Es decir, el grupo racial mayoritario (blancos) ocupa también el primer lugar como víctimas. El bajo porcentaje hispano quizás se deba su condición de inmigrante más reciente, legal o ilegal, que evita confrontar a la policía en términos de reclamos de derecho que si hacen los negros al ser, como son, norteamericanos de nacimiento.
Por otra parte, las autoridades responsables de garantizar los derechos humanos y civiles no son exclusivamente blancos. Así, en el caso de Freddie Gray, detonante de los recientes disturbios en Baltimore, la situación es como sigue: El presidente de los EEUU es negro; el gobernador del estado es blanco; la coordinadora de las operaciones militares en el Estado de Maryland, la general de división Linda Singh, es negra; la alcaldesa de la ciudad, Stephanie Rawlings-Blake, es negra; la fiscal que actúa en el caso, Marilyn Mosby, es negra y, de los policías victimarios, hay tres blancos y tres negros. Podría objetarse que no importan los responsables sino la política de discriminación que utiliza como instrumentos incluso a miembros del grupo racial discriminado. Pero no lucen evidentes argumentos a favor de esa tesis.
Para la clase privilegiada norteamericana le resulta favorable y cómodo abordar el problema de la violencia institucionalizada de la policía como un problema racial. De esta manera, esconde el drama de una sociedad estructurada para el usufructo de minorías sobre la base de la explotación y la exclusión de las mayorías.
