Nueva Tacagua, el gran fraude adeco

Por: Rafael Hernández Bolívar

Las penalidades sufridas por los habitantes de Nueva Tacagua a lo largo de treinta y dos años son de abundante conocimiento público: Derrumbes en sus vías de acceso, fractura y resquebrajamiento de edificios y viviendas, deterioro de las condiciones mínimas de salubridad e incertidumbre sobre el destino de centenares de familias. En fin, una urbanización construida sobre gelatina que le han llovido todas las calamidades.

Pero lo que no ha merecido su debida atención ni se le ha señalado su importancia es la responsabilidad de quienes tomaron las decisiones que condujeron al desastre que consumió ingentes cantidades de dinero público y condenó a toda una vida de dificultades, angustias y sufrimientos a sus desgraciados pobladores. Y los responsables tienen nombre y apellido: Los gobiernos adeco-copeyanos que desarrollaron un programa habitacional para una zona que de antemano se sabía inestable y cuyas construcciones terminarían por venirse abajo, arrastrando los sueños de casa propia y los limitados enseres domésticos.

Una larga historia

Se sabía desde 1938, a través de estudios fotográficos hechos desde el aire, que la zona presentaba deslizamientos muy importantes que permitían predecir un movimiento del terreno que se acentuaría con los años y que efectivamente se corroboró en las décadas sucesivas. Derrumbes frecuentes y grandes fracturas caracterizaron la zona desde 1938 a los años 70, agravado además con zonas de rellenos. No obstante, en 1974 se toma la decisión de adquirir esos terrenos y, peor aún, se inicia la construcción de 2.727 viviendas, agrupadas en lo que después hemos conocido como Nueva Tacagua.

En 1986 la Universidad Central de Venezuela hace importantes señalamientos técnicos al Inavi, recomendando la paralización de todos los proyectos de construcción para la zona, ya establecida como peligrosamente inestable. En ese mismo sentido y como tiro de gracia a un proyecto moribundo, al año siguiente, el Ministerio de Energía y Minas califica a Nueva Tacagua como zona de “riesgo elevado, generalizado y profundo”.

A partir de allí los habitantes del sector viven la angustia de sentir cómo se abren bajo sus pies el piso de sus viviendas. Su destino se hace incierto y los gobiernos sucesivos se desentienden de la situación. Abandonados a su suerte se acentúan los problemas sociales. La delincuencia y la inseguridad se adueña de sus calles, barracas y bloques. Se nombran comisiones del antiguo Congreso Nacional y del Concejo Municipal de Caracas quienes después de interminables estudios y entrevistas concluyen que Nueva Tacagua no tiene salvación. Pero no se toman las medidas que resolvieran el abandono de sus pobladores. A éstos nos les quedaba otro recurso que deambular en las antesalas de los ministerios, implorando una solución. Algunos de ellos introdujeron demandas de justicias ante el Tribunal Supremo de Justicia, aunque con limitado éxito.

Para marzo de 1999, con la llegada del Presidente Chávez a Miraflores, se asume responsablemente la situación y se declara la zona inhabitable. En un acto de gran trascendencia se implosionaron dos de los edificios afectados y el Presidente se comprometió con la comunidad en la reubicación de todas las familias. Concluye así esta aventura irresponsable, implementada por el Puntofijismo y se inicia el lento período de emigración, desmantelándose los grupos familiares y afectivos, en la búsqueda de casas habitables y dignas. El gobierno bolivariano ha desarrollado de manera intensa la atención de Nueva Tacagua a través de las misiones, mientras implementaba programas de reubicación de familias. Pero esto no ha sido fácil y sólo ahora el Ministerio de Hábitat y Vivienda ha logrado implementar un plan especial para el traslado de todos los afectados a terrenos seguros y a viviendas confortables.

Desde noviembre del año pasado se detectó un nuevo desplazamiento de tierra que ha obligado a desalojar aceleradamente algunos sectores. De hecho, los bomberos tuvieron que arrebatarles las familias al cerro; pues, este se venía abajo en pleno desalojo, sin dejar ni siquiera la oportunidad de salvar los corotos.

Los responsables

Al momento de hacer una evaluación de Nueva Tacagua no se puede olvidar a sus responsables. El gobierno de Carlos Andrés Pérez inició el proyecto y lo continuaron los gobiernos de Luis Herrera y Jaime Lusinchi. Sería incompleto el análisis si se queda por fuera la forma de gobernar del puntofijismo; si no se mencionan a los funcionarios que veían en cualquier proyecto una manera de apropiarse de los dineros públicos, sin importarles los perjuicios y el gran daño que se hacía a comunidades enteras. No nos cabe duda que quienes compraron esos terrenos sabían que allí no podía construirse y que quienes construyeron sabían que esas viviendas no podían sostenerse. Y, sin embargo, lo hicieron porque “lo importante es el negocio”. Al fin y al cabo, es el pueblo quien paga los platos rotos.