Por:
Rafael Hernández Bolívar
Esta acusación estaba escrita en la
pancarta que encabezaba la manifestación de protesta que ciudadanos de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca realizaron por las calles de Madrid el
lunes de la semana pasada. Era el grito de dolida indignación ante la última
muerte provocada por una orden de desalojo: Amparo, una mujer de 45 años,
ocupaba con su marido, tres hijos menores y dos nietos una humilde vivienda en
un barrio de Madrid. Desesperada e impotente ante la incapacidad para pagar una
deuda de 900 euros, se ha suicidado al recibir la orden de desalojo.
El caso de Amparo es el último de una
cadena de desgracias generadas por la crisis económica que asola la Europa que
ha decidido que las consecuencias del descalabro financiero la paguen los
pobres. España ha aumentado la tasa de suicidios, el número de niños abandonados y el porcentaje de
personas sin empleo. Pero, es también el país en donde paradójicamente la
crisis ha hecho más ricos al pequeño grupo de los grandes capitalistas.
El Estado defiende los intereses de la
banca: Arrebata las propiedades hipotecadas a los quebrados e indefensos
poseedores y la devuelven a los bancos. Lo que hace más indignante la situación
de Amparo es que la entidad financiera que decidió el desalojo es una empresa
municipal cuya función es la de favorecer la adquisición de vivienda a las
personas menos favorecidas económicamente. Peor aún cuando los afectados
denuncian que una vez iniciado el proceso, la empresa se niega a negociar y no admite
dinero alguno ni alternativas de pago, ni aún en cifras pequeñas como en este
caso, condenando al ocupante de la vivienda al desalojo y a la indefensión
total.
Las organizaciones benéficas advierten del
aumento en los últimos años de niños y bebés abandonados en Europa. Lideran en
el 2011 Grecia con 1.200 niños (en el 2003 hubo 114) e Italia con 750 (dobló la
cantidad con respecto al año anterior).
