Por Rafael Hernández Bolívar
La convocatoria a una nueva Constituyente es una iniciativa política inteligente, creativa y genuinamente democrática. Resolverá una cuestión que quedó pendiente en la Constituyente del 99: El comportamiento y las prácticas lícitas del ejercicio democrático de los ciudadanos y las organizaciones políticas.
Lo que la Constituyente daba por obvio -el cumplimiento de la decisiones tomadas por la mayoría del pueblo, comenzando con el fiel cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana- ha sido negado, hostilizado de manera permanente y violenta, por minorías antidemocráticas que recurren al irrespeto a esa misma Constitución, al desconocimiento de las leyes, de las instituciones y de las autoridades legítimas, a la violencia y al crimen, a la alianza antinacional y a la perversa sumisión a intereses foráneos.
La Constitución contempla y garantiza la participación protagónica del pueblo. Los ciudadanos tienen el derecho de expresar libremente sus ideas, de organizarse en partidos políticos, a postularse a la libre elección a cargos públicos, a solicitar e, incluso, en cargos tan importantes como el de la Presidencia de la República, a revocarlos, a protestar en manifestaciones pacíficas, etc.
La Constitución no admite como formas válidas de lucha política el sabotaje, la destrucción del patrimonio público, el asesinato, la violencia, la conspiración, la incitación al odio, la descarada alianza con centros imperialistas contra el Estado y el pueblo venezolanos y todas las prácticas criminales que durante todos estos años ha desplegado la rancia derecha venezolana.
El gobierno impulsó espacios e intermediarios para el diálogo. Recurrió a personalidades nacionales, a presidentes y expresidentes latinoamericanos, hasta el mismísimo Papa intentó mediar y favorecer acuerdos para la paz y el mutuo entendimiento.
Agotados los esfuerzos por el diálogo democrático e institucional, la iniciativa del Presidente Maduro reivindica la política, recurre a un nuevo escenario y renueva interlocutores validados por el voto popular.
