Por Rafael Hernández Bolívar
La intervención que hizo el diputado Ramos Allup, el pasado primero de noviembre en la Asamblea Nacional, reveló los desaciertos y la desorientación de la oposición venezolana de los últimos años.
Admite que la oposición ha sido obligada al diálogo por la presión internacional que significa la exigencia de discusión y acuerdo que ha hecho el Papa Francisco. Entiende que en virtud a esta solicitud, los opositores están dispuestos a prestar oídos al gobierno y, hasta llevar el gesto a un poco más: diferir por unos días su plan actual de sacar de la Presidencia de la República a Nicolás Maduro mediante el manejo distorsionado de las funciones de la Asamblea Nacional.
Admite también que no está mal probar el diálogo, ya que la estrategia de agudización de conflictos, de sabotaje de la economía y de violencia ha resultado hasta ahora completamente inútil para lograr la derrota de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, no renuncia a esa estrategia sino que la mantiene como amenaza sobre la cabeza de los dialogantes, sin mencionar siquiera los daños que ha ocasionado al país la estrategia irresponsable y criminal de acentuar conflictos cuyas consecuencias ha soportado el pueblo de manera estoica.
Finalmente, admite, para su desconcertante sorpresa, que la mayoría de la gente, incluida las propias filas de la oposición, es partidaria del diálogo y el acuerdo para emprender esfuerzos que resuelvan los problemas de los venezolanos.
Lo que ha olvidado Ramos Allup, sin embargo, es que asumir seriamente el diálogo supone entender que tal proceso se da enmarcado dentro de la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. No se trata del “yo cedo y tu das” que dijo en su discurso, como que si no hubiese otra consideración que sus objetivos y su capacidad de chantaje. Se trata de lo que legítimamente se pueda exigir, sin violar las leyes ni las instituciones, ni mucho menos la voluntad expresa de las mayorías.
