Por Rafael Hernández Bolívar
En octubre de 2014, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial español, decía ante altos representantes del gobierno de Rajoy, que en España la ley fue pensada para los robagallinas y no para los grandes delincuentes. Es por ello que no es un instrumento eficaz para combatir la corrupción. Y, advirtió, que “sin justicia no hay regeneración democrática”.
La revelación y la advertencia son en sí mismas muy graves, sobre todo por el alto cargo judicial del personaje que las pronuncia. Sin embargo, la ley viciada es apenas uno de los medios de los que se vale la clase dominante y sus representantes políticos para cometer impunemente sus fechorías. Hay que agregarle la conducta alcahueta de los grandes medios de comunicación que focalizan la atención ciudadana sobre “robagallinas” y chivos expiatorios para que pueblo olvide o no vea las grandes operaciones de expoliación y pillaje.
Hasta los escándalos los rentabilizan a su favor. Un ejemplo gráfico de esta situación es el llamado caso de las “tarjetas black”: A lo largo de 10 años, 65 consejeros directivos de Caja Madrid y Bankia se apropian de 20 millones de euros de dinero público a través de tarjetas de crédito otorgadas por dichos bancos. El juicio ha resultado todo un espectáculo, incluidos insultos a los imputados (espontáneos les gritan “chorizos”, “delincuentes”, etc.,) que disfrutan transeúntes y televidentes y luego extiende la prensa escrita y radial en interminables comentarios.
Sin duda, ameritan ser castigados. Pero, todo eso resulta un vulgar robo de gallinas en comparación con las decenas de miles de millones robados en las grandes estafas cometidas por el gran capital. Nadie habla del dinero que se utilizó en rescatar la banca o de las operaciones como el llamado “banco malo” mediante el cual el gobierno compró activos en manos de los bancos pagando su valor según libros y luego se los vendió a esos mismos bancos a precio de remate.
