Por Rafael Hernández Bolívar
El Reino de España presume de lo que no tiene: Una democracia moderna, paradigmática y profundamente comprometida con la práctica y la defensa de los derechos humanos.
Imperial y antidemocrática
La derecha española, encabezada por Mariano Rajoy y el Partido Popular, se presentan ante la comunidad internacional como gestora de una democracia real. Se atribuye la autoridad moral de sentar cátedra sobre el asunto y, sin fundamentos, censurar a otros países de actos que juzga antidemocráticos y violadores de los derechos humanos. O premiar y apoyar abiertamente, en los países censurados, a las individualidades o grupos que juzgan acordes con sus intereses y posiciones ideológicas, con absoluto irrespeto de las soberanías y estructuras jurídicas de esos países. Descalifica, con acusaciones falsas, a gobiernos surgidos de la decisión democrática del pueblo en elecciones libres y transparentes, como ha sido el caso de Venezuela, país al que los medios españoles han estigmatizado mediante el uso sistemático de la palabra dictadura para referirse al gobierno venezolano, desde el momento en que Hugo Chávez llegó al poder de la mano del pueblo y continúa ahora con el Presidente Nicolás Maduro. Más aún, esa derecha española recibe y es portavoz de las iniciativas políticas de opositores venezolanos, dándole respaldo a todo tipo de acciones de simulación y de sabotaje, en clara intromisión en asuntos que sólo le competen a los venezolanos.
Pero esta presunción de Rajoy y el gobierno del Partido Popular está lejos de corresponderse con los hechos. La democracia que con tanta prepotencia exhiben tiene muchos baches insalvables, inconsistencias y contradicciones obscenas que ponen al desnudo una fantasía finamente tejida y trabajada para crear una visión ilusoria de la democracia. En España la democracia es desvirtuada para garantizar un régimen de privilegios que hunde sus raíces en las leyes, abarca las prácticas políticas, el inmenso poder de los medios masivos de comunicación y el entramado económico nacional y trasnacional.
Nos proponemos hacer en cuatro partes un apretado resumen de estos aspectos, de las cuales esta es la primera parte. Aspiramos a demostrar lo que es obvio para nosotros, los venezolanos que vivimos un real proceso de democratización en nuestro país, que esa democracia española es, cuando más, una democracia chucuta.
La familia real
España tiene un Rey; es decir, un miembro de la sociedad que tiene privilegios y poder que no tienen otros miembros de esa sociedad, tal como lo establece explícitamente el Título II de la Constitución Española. Sus artículos precisan la condición de Jefe de Estado, la inviolabilidad de su persona, libre de toda responsabilidad y su protección de cualquier investigación, incluida la vida civil y privada; también el carácter legítimo y hereditario de la Corona y de la familia real.
Otra cosa es si es mucho o poco ese poder, si está definido y limitado o se ejerza en determinadas circunstancias. O que la persona reconocida de acuerdo al derecho sucesorio sea moralmente buena, inteligente, tolerante, adornado de actitudes solidarias y ciudadanas, etc., o lo contrario. Lo cierto es que el Rey y su familia están por encima de los otros miembros de la sociedad y tienen derechos que los demás no tienen, sin haber hecho esfuerzo alguno por ganárselo y, por supuesto, sin haber sido elegido por el pueblo. El Estado tiene la responsabilidad de la manutención de sus palacios y de la vida de la realeza.
En fin, ante la ley, estos ciudadanos son distintos a los demás españoles. Y no se coman el cuento de que la infanta Cristina es actualmente investigada por un Tribunal. Es investigada porque, en primer lugar, ella no es el Rey; porque, en una estrategia de la Casa Real para fortalecer en el pueblo la ilusión de igualdad, le presionó para que renunciara a sus derechos reales y, porque a través del Poder Judicial, aspira a liberarla de toda responsabilidad en la sentencia final.
Los aforados
Al grupo de la Familia Real, hay que agregar el grueso número de aforados que existen en España -el mayor de todo el mundo Occidental- y que en los últimos años ha sido duramente cuestionado por las organizaciones políticas emergentes. En principio, el aforado es un ciudadano que por el cargo o profesión que ocupa tiene derecho a ser juzgado por tribunales distintos a los que corresponden a un ciudadano común, aunque en la práctica constituyen un grupo protegido dentro de la sociedad. Aunque está figura jurídica está contemplada en otros países para la protección de los más altos cargos de los poderes Judicial y Legislativo y garantizar así su independencia de chantajes y poderes del Estado, en España es exagerada su cifra, ascendiendo ahora a 17.621 aforados, sin contar los militares y cuerpos de seguridad, siendo ostensible el uso descarado de sus privilegios. Así, en estas últimas semanas, los españoles vieron por televisión como el día de juramentación de los nuevos diputados en las Cortes, se juramentó el diputado Pedro Gómez de la Serna, del Partido Popular, que venía siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción acusado de delitos “de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal” (El País, 14/01/16) y, ahora, con su acta de diputado, limita los actos del poder judicial a meras notificaciones de las actuaciones, dejándolo por fuera de interrogatorios o investigaciones directas.
Primera conclusión
En síntesis, uno de los principios básicos de la democracia y de los derechos humanos, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, no es verdad ni en la Constitución ni en las prácticas políticas y sociales de la sociedad española de hoy. Lo que no impide que los dirigentes de la derecha española procuren meter narices y manos en los países que si tienen moral para aleccionar a estos sobrevivientes del franquismo y de las peores tradiciones antidemocráticas.
