Por: Rafael Hernández Bolivar
En su versión más burda, el nominalismo es la creencia en que basta nombrar las cosas para que existan. Historiadores de nuestro país dicen que en Venezuela se lo debemos a los españoles a quienes les bastaba colocar un tronco en un descampado para nombrar ciudad a ese espacio. Fundar una ciudad precedía a la existencia de ciudadanos, casas, calles, instituciones, etc. Con sólo nombrarla, la ciudad existía y se hacía cosa corpórea.
Esta tendencia ha servido en no pocas oportunidades para la manipulación y el engaño, utilizada hábilmente por los gobernantes. Aprueban proyectos, toman decisiones sobre asuntos trascendentes, hablan de ellos como hechos ciertos, tangibles, a la vista de todos; pero no son más que palabras: Proyectos que no se realizan, decisiones que no se implementan jamás.
También el nominalismo tiene su versión en las leyes. Normamos sobre procesos que no existen y pretendemos con ello darle vida a lo que nada tiene que ver con los fenómenos de la realidad social. Más aún, ilusamente pretendemos que complejos fenómenos sociales de participación y decisión colectivas se desarrollen a partir de las normas aprobadas.
Tenemos que darnos la oportunidad de imaginar y crear un nuevo Estado. Los cambios deben seguir su curso y reprimirnos la tendencia generalizada de ponerle un nombre apenas intuimos que puede ser algo nuevo. Cuando esto hacemos abortamos los procesos y le ponemos amarras. En nuestro afán de agarrar conceptualmente los fenómenos, abortamos su desarrollo y los convertimos en otra cosa.
No hay que desesperarse. Se requiere trabajar para que los procesos maduren y crezcan plenamente todas sus posibilidades. Creámosle a Rigoberto Lanz que habla de la capacidad creadora de la turbulencia; resolvamos positivamente la disyuntiva de Simón Rodríguez e inventemos. No definamos cosas antes de tiempo, sin habernos dado la oportunidad de vivirlas.
Cuando menos nos evitamos hacer leyes de ensayo y error; de aprobarlas por la mañana para modificarlas en la tarde. ¿Ejemplos? Ley de cooperativas, consejos comunales de participación y hasta la mismísima Constitución.
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