Por Rafael Hernández Bolívar
En el supermercado Carrefour de Cabrera de Mar (Barcelona, España), hay un pasillo en dónde se ofertan diferentes pastas de trigo: espaguetis, pastichos, caracolas, sopas, etc. Este supermercado forma parte de un gran consorcio, con presencia en todas las provincias españolas. Tomo del estante un paquete de pasta Barilla y leo en el envoltorio lo siguiente: "Importado y distribuido en la República Bolivariana de Venezuela por Alfonzo Rivas & CIA, C.A." Siguen el RIF, el permiso sanitario venezolano y la dirección de la empresa en Caracas.
¿Cómo llegó esto aquí? Es la primera pregunta obligada. Este es un producto exportado desde Italia para Venezuela y termina siendo vendido en una gran cadena de supermercados en España. ¿Se trata de una negociación fallida que la empresa productora terminó colocando en este mercado? No parece creíble porque una producción de esta magnitud no la hace una empresa sin garantías reales de colocación, sin que medie un contrato y cláusulas específicas.
¿Se trata de una etiqueta que tienen todos los productos de esta empresa? No. Constato que, en otros productos alimenticios similares de la misma empresa, las etiquetas contienen la información nutricional y señalan que sus productos siguen las normas de la Comunidad Económica Europea y de Mercosur. Es decir, sólo en este caso da la impresión de que es una producción especial hecha para Venezuela.
¿Acaso la empresa importadora, con dólares venezolanos, ordenó la producción y al momento de recibirla mando una parte para Venezuela con el fin de cumplir las formalidades de justificación de dólares preferenciales y la otra la colocó en otros países? Podría ser. No se necesita ser muy mal pensado para llegar a esa conclusión, sobre todo, porque la empresa de la que se trata, recuerdo que hace algunos años fue acusada de haber usado dólares del Gobierno Nacional para fines distintos a los que fueron otorgados.
