Por Rafael Hernández Bolívar
El sistema electoral español está diseñado para proteger el bipartidismo y frenar el avance de las fuerzas del cambio.
El detalle técnico
Decía Ortega y Gassett: «La salud de las democracias, cualquiera que sea su tipo y su grado, dependen de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral, todo lo demás es secundario. Si el régimen de comicios es acertado todo va bien, si no, aunque el resto marche óptimamente, todo va mal. Sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire».
En España, echando de lado esta sabia advertencia del filósofo, en el período de la transición del franquismo a la representación de partidos, se diseñó un sistema electoral que distorsiona la voluntad popular y favorece al bipartidismo en el conteo de los votos y en la asignación de la representación de acuerdo a los resultados electorales. Esto es posible combinando de manera perversa aspectos del proceso que, en principio, lucen racionales; pero, al asignarles sesgos particulares, se distorsionan en beneficio del poder. Son estos la representación de la provincia, la conformación de los circuitos electorales, la asignación de escaños de acuerdo del método D’Hondt y la obligación de gobernar por acuerdo de minorías cuando no se obtiene la mayoría absoluta.
El resultado es que para las provincias pequeñas, por ejemplo, se requiera menor cantidad de votos para obtener un diputado que en una grande. O, dicho de otra manera, el voto del ciudadano de una provincia de gran concentración poblacional vale menos en la escogencia de la representación política. Y es precisamente en las provincias menos pobladas en donde hay mayor influencia conservadora y, en todo caso, habiendo dos diputados que repartir, al usar el método D’Hondt –en principio apropiado para la asignación proporcional- se termina por repartirlos entre los dos partidos mayoritarios, sin posibilidad de que se conforme una tercera fuerza nacional.
Adicionalmente, un partido ganador que obtiene la mayor votación, pero que sin llegar a tener la mayoría absoluta, al momento de conformar gobierno se ve obligado a pactar con otros partidos para poder gobernar. Esto significa que un partido nuevo que gane con el 48% de los votos, pueda sin embargo, ser desplazado por los demás partidos si suman sus votos, lo cual significaría una distorsión de la voluntad popular pues son esos partidos y no los ciudadanos quienes deciden el gobierno. Esto ha dado origen a la aparición de prácticas políticas detestables e inmorales como los “transfugas” (diputados o concejales de un partido que se pasan a otro por prebendas o dinero) o el intercambio de cargos en función del apoyo al gobernante.
El sello del franquismo
Ahora bien, estos “detalles técnicos” en el régimen electoral español no son casuales ni fruto de la ignorancia sino deliberadamente decididos por el franquismo que, cediendo en algunos aspectos en el ejercicio del voto, se esmeró, sin embargo, en el establecimiento de mecanismos y procedimientos judiciales y administrativos que le permitieran evadir reclamos y sobrevivir, de manera más o menos impune y conservando privilegios, en el nuevo período político inaugurado a la muerte del dictador.
Oscar Alzaga, abogado, -para el momento diputado de la Unión Centro Democrático (UCD), partido de Adolfo Suárez, formó parte de la comisión que elaboró el régimen electoral de la transición-, dice textualmente “Fue pactado por el gobierno pre-democrático con las fuerzas de la oposición, fue elaborado por expertos, entre los cuales tuve la fortuna de encontrarme y el encargo real consistía en formular una ley a través de la cual el gobierno pudiese obtener mayoría absoluta”.
El surgimiento de una fuerza transformadora tiene enorme dificultades para estructurarse nacionalmente y, quizás, sea esta circunstancia una de las razones por las cuales las fuerzas impugnadoras dentro del panorama político español terminan agrupándose alrededor de los nacionalismos (catalán, vasco, gallego, canario) lo que representa una dispersión de su aliento integrador y revolucionario. En ese sentido debe entenderse la negativa de Ada Collau de ceder a la exigencia de Esquerra Republicana de apoyar la ruta nacionalista catalana como condición para darle su voto como alcaldesa de Barcelona. Respondió que su gobierno se debe a la voluntad de los barceloneses, sean catalanistas o no.
Podemos le da vuelta a la tortilla
La irrupción de Podemos tiene un sello impugnador a las prácticas políticas que han conducido a la actual crisis española. En su requisitoria incluye al sistema jurídico español, baluarte de la toma de decisiones que protegen a los grandes capitales en detrimento del bienestar de las mayorías. Pero esta reconstrucción de la política se da alentando una visión nacional e integradora. Partiendo de una nueva interpretación de los hechos políticos y económicos que sacuden la sociedad española, se construye un programa de exigencias desde las grandes mayorías. Los problemas y los derechos del ciudadano conforman la plataforma que agrupa al país.
Con esto cambian las reglas del acuerdo entre partidos que vienen manejando la gobernabilidad de espaldas a la gente. Por eso han establecido como línea roja de las negociaciones los programas conformados por los ciudadanos con los cuales se asistió a la consulta electoral del 24 de mayo. Ya no es posible la práctica habitual de “te apoyo aquí, tu me apoyes allá”. “Aquí y allá” tiene que decidirse en función de los programas ganadores, debe decidirlo la gente.
De esta manera, se está gestando la conciencia de la necesidad de una nueva Constitución, una constituyente que abra caminos a la participación y a la decisión de los españoles. Se está conformando una mayoría real y se están definiendo los instrumentos que la harán gobierno.
