Por: Rafael Hernández Bolívar
En España se desarrolla una agresiva y sostenida Misión Vivienda. Así se desprende de los datos oficiales dados a conocer por el Banco Central de ese país. Sólo que diferente a la que conocemos los venezolanos. Allá tiene un enfoque y una dirección distintas. En lugar de entregarle viviendas al pueblo, se las quitan, sin contemplaciones. Lo que tienen en común ambas misiones es el incremento de las cifras. Tanto aquí como allá aumentan de un año a otro. Allá crece el número de casas arrebatadas a sus dueños, aquí aumenta cada año el volumen de nuevos propietarios de viviendas.
Acaban de publicar las últimas cifras. En relación al año anterior, un 11% fue el incremento del número de familias que perdieron sus casas en el 2013. Exactamente 49.694. Más de la mitad (28.173) pierde sus viviendas a través de decisiones judiciales de desalojos y el resto lo hace por acuerdo con los bancos; esto es, mediante convenios en los cuales los expropiados entregan la vivienda como parte de pago de sus deudas y los montos remanentes mediante giros, cuotas de pagos asumidas por los deudores o embargos de otros bienes de los contratantes y fiadores.
Es decir, al día de hoy, a pesar de la inicial y los abonos hechos a lo largo de los años, deben más que cuando hicieron el contrato de compra. ¿La explicación? Los precios estaban inflados, los intereses y pagos de pólizas y seguros hacen irrisorias las amortizaciones a la deuda de capital y la valuación de la vivienda —post efecto explosión de la burbuja inmobiliaria— sólo cubre una parte del monto adeudado. Así, pues, que ni siquiera queda la posibilidad de recoger los corotos y gritarles con justificada indignación: “¡Quédense con su vaina!”
El poder judicial español, para estos casos, es muy eficiente. Posee leyes implacables y jueces diligentes, no sólo para autorizar el desalojo, sino también dispuestos a ordenar las gestiones expeditas que permitan ejecutarlo, rastrear cualquier bien que posea el deudor o su fiador, trátese de una modesta cuenta de ahorro, un vehículo propio o un corral de gallinas y realizar, de inmediato, los embargos correspondientes. Las casas son devueltas a los bancos para que engrosen la cifra de dos millones de viviendas no ocupadas que hay actualmente en España. Los suicidios y las familias destrozadas son efectos colaterales sin importancia para esa justicia. El caso de la Señora Amparo —45 años, ocupaba con su marido, tres hijos menores y dos nietos una humilde vivienda en un barrio de Madrid— quien desesperada e impotente ante la incapacidad para pagar una deuda de 900 euros, en septiembre de 2013, se suicidó al recibir la orden de desalojo es, para esa justicia, sólo una historia triste.
O, ante el caso de los fiadores que tienen que responder al pago con sus precarios bienes, apenas una palabra de conmiseración. Opción terrible desde el punto de vista humano: Padres o abuelos que hicieron de fiadores colocando sus propiedades como garantía para que hijos o nietos pudieran tener vivienda, hoy se van a la ruina junto a toda la familia. La pérdida de trabajos imposibilita cumplir con los pagos, los banqueros exigen, los jueces los complacen y emiten ordenes de desalojo y embargo, no hay ya donde dormir y hay que apañarse como se pueda. Más grave aún cuando estos fiadores, en su mayoría, suelen ser ancianos.
Si no fuese porque para estos jueces, abogados y poderosos españoles este es un problema exclusivamente crematístico, bien podríamos recomendarles que se regalaran la lectura de Reflexiones sobre la Ley de 10 de abril de 1843, escrita por Fermín Toro para atacar frontalmente dos vicios principales de ruinosas consecuencias: la libertad absoluta de la usura y los remates judiciales sin restricción alguna a favor de los acreedores. Tendrían mucho que aprender.
O, acaso, un ligero paseo por ese novedoso y profundo concepto de Estado social de justicia y de derecho que asume nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Pues lo que desde aquí vemos es que todo el aparato del Estado español está al servicio de los intereses del gran capital. De los mismos bancos que generaron la crisis y luego fueron los primeros en ser auxiliados. Los partidos políticos y sus dirigentes, al unísono, gestionando las decisiones y haciendo asimilable el desastre. Ni el movimiento de los indignados ni la movilización de los llamados ocupas han logrado frenar la ofensiva despiadada de desalojos.
En ese país como que hace falta una Revolución.
