Por:
Rafael Hernández Bolívar
rhbolivar@gmail.com
El
Ayuntamiento de Sabadell, un municipio español de la Provincia de Barcelona, recibió el año pasado un reconocimiento
destacadísimo de la ONG
Transparencia Internacional. Nada menos que la valoración de ayuntamiento más
trasparente de toda España. Así lo reseñaba: "Sabadell ha alcanzado el 100% de los indicadores de transparencia en todos los ámbitos analizados,
y la primera posición entre
los 110 principales ayuntamientos de España".
Un año después, integrantes de ese mismo ayuntamiento, incluido su
alcalde, han sido imputados como responsables de una mafia de corrupción que
incluía, entre otros actos delictivos, mordidas iniciales a contratistas por un
monto mínimo de doce mil euros por operación, más un tres por ciento adicional
sobre el valor final de las obras contratadas. Y no se trata de que sean
funcionarios distintos correspondientes a gestiones diferentes. No. Son
integrantes de la misma gestión premiada y celebrada con tanta solemnidad y
respeto: Máximo valor de transparencia.
ONGs como Transparencia
Internacional, o empresas de evaluación de riesgos, o instituciones
relacionadas con los derechos humanos, se nos han venido revelando como un
fraude: Instrumentos para avalar países o gestiones de acuerdo a los intereses
de sus promotores. Sus opiniones o
estudios se convierten en dictámenes
inapelables para la descalificación de países en el plano internacional o para
el apuntalamiento de aquellos gobiernos nacionales o municipales que respondan
a los intereses o modelos de tales organizaciones.
Tenemos razones más que
suficientes para rechazar sus informes –en su oportunidad Clodosbaldo Russián denunció
esos informes como manipulados y exentos de metodología científica-.
El gobierno venezolano
ha sido víctima preferida de esta ONG quien en sus calificaciones coloca a
nuestro país en los niveles más alto de percepción de la corrupción, a la par
que otorga las más altas calificaciones de transparencia a los gobiernos
regionales en manos de la oposición.
El caso Sabadell
demuestra que, cuando menos, las
opiniones de Transparencia Internacional y sus respectivos capítulos
nacionales, no valen nada.