Por: Rafael Hernández Bolívar
Sumar no siempre es ganancia. Por lo menos en cuestiones político-administrativas. La creciente complejidad de las sociedades modernas requiere de unidades que puedan responder con idoneidad y eficiencia a los numerosos problemas que esas sociedades generan. Esto es lo que indica el sentido común y a eso tiende la organización de los gobiernos y las comunidades.
En nuestro país, además de esta preocupación, la Constitución Bolivariana viabiliza la solución de los problemas particulares de las comunidades garantizando la toma de decisiones por parte de los ciudadanos. Es decir, eficiencia y poder comunitario. La Ley de Consejos Comunales recoge esta idea.
Los ciudadanos requieren de un Estado eficiente, que atienda sus necesidades de servicios, de educación, de seguridad, etc. El sentido de la división político administrativa es el de optimizar el uso de los recursos y garantizar la más amplia participación de los ciudadanos. Se trata de diseñar las estructuras político-administrativas que hagan racional y efectiva la prestación de servicios, la atención a las emergencias, al tiempo que ponga en manos de la gente las decisiones fundamentales relacionadas con las prioridades, planificación, presupuesto, control, etc.
En esta perspectiva es que debe evaluarse la proposición de nuevos municipios o estados o la integración de regiones. ¿Responde la proposición de que se trate a una disposición racional de los recursos? ¿Se hace viable la solución de tantos cuellos de botella y problemas que crecen día a día ante la impotencia de los ciudadanos?
En el caso de la propuesta de hacer de Catia un municipio, las razones son sólidas y abundantes. Dividir a Caracas en tantos municipios como sea necesario para garantizar eficiencia y participación debe privar sobre cualquier criterio mezquino y de poco alcance. Hoy no es posible asumir y resolver los problemas de los caraqueños por la vía de la centralización de los recursos y las decisiones.
