Por: Rafael Hernández Bolívar
Jesús Petit D’Costa, Agustín Blanco Muñoz, Patricia Poleo y otros más, conforman el grupo de improvisados detectives surgidos alrededor del vil asesinato del Fiscal Danilo Anderson. Han elaborado sus conclusiones sobre la clásica pregunta “¿a quién beneficia?” –más propia de las novelas y las películas policiales que de la investigación criminalística. Esta pregunta es una más, sin relevancia especial, dentro de innumerables preguntas surgidas alrededor de un hecho complejo como lo es un asesinato-. Sin contar el substrato amoral que significa plantearse la muerte de un ser humano como vulgar instrumento para la obtención de un beneficio.
El primero de los mencionados, ya en el mismo título de su artículo aparecido en el semanario Quinto Día, adelanta una respuesta: “El primer sospechoso es el gobierno”. Para sostener esta hipótesis hace total abstracción del extraordinario apoyo popular recibido por el Presidente Chávez en el referendo presidencial del 15 de agosto y de la abrumadora ratificación de ese apoyo en las elecciones regionales. A su juicio, el Gobierno Bolivariano necesitaba para consolidarse de un crimen de estas espantosas características. O bien, otra arrojada detective, supone que las investigaciones dirigidas por el Fiscal Anderson orientaban hacia altos funcionarios del gobierno y éstos decidieron sacar del camino a un funcionario implacable e insobornable. O quizás, señala un tercero, el gobierno necesitaba distraer a la opinión pública con un hecho dramático y profundamente emocional dado que una oposición devastada ya no representaba un buen pretexto para los ataques del Presidente. De esta manera, se devanan los sesos estos sagaces Sherlock Holmes criollos.
Sin embargo, pasan por alto que esta pregunta sólo tiene sentido orientador o indagatorio; pues, le permite al investigador ubicarse en la perspectiva del asesino. Cuando se formula esta pregunta no lo hace en términos de los efectos reales que produjo el asesinato –que depende de diversidad de factores- sino sobre la base de las posibles expectativas y deseos del asesino o los asesinos. No es su preocupación establecer, a la manera de un contador público, un balance o una cuenta de costos y beneficios. Su preocupación es indagar sobre las motivaciones de los involucrados. Y, en este caso, se trataría de investigar sobre qué obtendrían con el crimen y no sobre lo que efectivamente obtuvieron. Así, los asesinos materiales podrían perseguir exclusivamente la obtención de un pago por el vil asesinato o una combinación de este interés con una venganza personal o una motivación política o de otro tipo. A su vez, los autores intelectuales tendrán sus propias motivaciones que podrían coincidir o no con los asesinos materiales. Sin embargo, el resultado puede ser distinto a lo esperado: Los ejecutores podrían fallar, o aún siendo exitosos, no obtener los beneficios perseguidos, etc.
Lo que se obtiene no es necesariamente lo que se persigue. El asesino puede terminar preso –y en este caso todo apunta a este resultado final- y, sin duda, este no era su objetivo. Vale decir que la pregunta “¿qué pretendía el asesino al cometer el crimen?” abre perspectivas para la investigación que justifican su formulación. Las preguntas de este tenor orientan, son fructíferas y es el sentido que tiene la formulación de preguntas en un proceso investigativo sea cual sea la naturaleza de la investigación. Así, la pregunta correctamente formulada debe ser “¿a quien beneficiaría?”, ubicado en una circunstancia temporal anterior al crimen. Y no “¿a quien benefició?”, que corresponde a los hechos posteriores. Hay que conjugar bien los verbos.
La pregunta debe ser ésta porque el saldo final depende de los hechos subsiguientes que se generen, de la conducta de otros elementos relacionados o no con el asesinato. Así, por ejemplo, un hecho terrorista podría beneficiar al gobierno legalmente constituido; pues, pone a funcionar todos los resortes del Estado y de la sociedad civil alrededor de la defensa de la sociedad, vista como un todo. Pero, también eventualmente podría precipitar una crisis política o desbancar un gobierno. Tenemos ejemplos recientes. En EEUU el atentado terrorista contra las Torres Gemelas consolidó toda la estructura estatal y a la sociedad civil norteamericana alrededor del gobierno de Bush. En España el atentado del 11 de marzo sobre estaciones del Metro de Madrid precipitó la derrota política y la salida del gobierno de Aznar.
Un mismo hecho (atentado terrorista de efecto devastador sobre personas y bienes) produce, sin embargo, consecuencias diferentes para los gobiernos respectivos. ¿Porqué? Porque, además de tratarse de sociedades diferentes, las conductas políticas seguidas por uno y otro gobierno, así como su capacidad de manipulación e influencia en la opinión pública, fueron también diferentes. En el caso español, tal como ha sido comprobado en las últimas semanas, la conducta fue el engaño, la distracción y la manipulación y el pueblo español –para desgracia de Aznar y de su partido- supo percibirlo de esa manera y pasarle su respectiva factura en las elecciones celebradas cinco días después. Bush, como se sabe, fue reelegido, para desgracia de toda la humanidad. Su capacidad para el engaño fue superior y el pueblo norteamericano estaba más dispuesto a creerle. Por supuesto, es simplista reducir el análisis político a un hecho aislado y único; pero, a efectos de ilustración, sirven estas observaciones.
Retornando a nuestro país, podemos señalar que los efectos concretos del asesinato del Fiscal Anderson pueden explicarse por la conducta trasparente y decidida que ha tenido el gobierno nacional: Ha manejado la investigación con absoluta transparencia, informando al país del avance de las investigaciones; ha efectuado las operaciones policiales con absoluto apego a las normas y a las leyes, conservando un escrupuloso respeto a los derechos humanos; ha utilizado alta tecnología no para la distracción sino para el esclarecimiento y, sobre todo, ha sido muy cauteloso al momento de señalar a los responsables del vil asesinato, limitándose a quienes aparecen firmemente relacionados con su ejecución material. A pesar de que el caso se presta especialmente para señalamientos de responsables intelectuales muy concretos, vinculados a la más recalcitrante oposición fascista venezolana e internacional; se abstiene de hacer señalamientos concretos; pues, está a la espera de la maduración de los elementos desprendidos de las investigaciones. Nadie ha sido detenido sin que esté directamente vinculado con el hecho y, mucho menos, nadie ha sido hostigado o detenido por razones políticas.
Otro elemento que pasan por alto nuestros improvisados y mal intencionados detectives de pacotilla, es que el asesinato del Fiscal Anderson puede y debe interpretarse dentro de una cadena de hechos que gracias a la acción de los organismos policiales han logrado frustrarse hasta ahora. Sin duda, si a este crimen hubiesen seguido otros atentados, con sus cargas de muerte y de destrucción, el efecto sobre la realidad política venezolana también habría sido diferente y las cuentas de beneficios arrojarían resultados distintos. El asesinato del Fiscal Anderson reunió a la sociedad en el rechazo al terrorismo y en la confianza en la decisión y la capacidad del Estado para desarrollar una investigación que conduzca a la captura de los culpables. Pero esto podría variar si los atentados hubiesen continuado. Así, la justificada indignación que se generó en los sectores del chavismo, hoy encausada a través de la fe en el funcionamiento de las instituciones, podría desbordarse en caso de que el gobierno hubiese fallado en apresar a los culpables y en detener la ola terrorista. En ese caso, al percibir que el gobierno no es una garantía para proteger la vida de los dirigentes y de los venezolanos humildes victimas de esas acciones, bien podrían los más radicales intentar devolver los golpes recibidos y generarse por esta vía una temida espiral de violencia y, consecuentemente, dar al traste con la gobernabilidad y la paz. E incluso podría pensarse, con todo derecho, que muchos de quienes hoy desde la oposición se dan golpes de pecho y rechazan el terrorismo, no sean más que auténticos tartufos que al mismo tiempo que hacen estas declaraciones públicas, amparados del secreto y la oscuridad planifican los mismos hechos que rechazan. En una situación de este tipo, ya la evaluación del hecho terrorista y sus consecuencias tiene un saldo diferente al que podría arribarse hoy. La actuación oportuna y eficaz del gobierno nacional es precisamente lo que ha impedido que hoy tengamos una situación contraria a lo esperado por los planificadores y ejecutores del vil asesinato.
Por otra parte, si de beneficios hablamos, más bien fue la oposición venezolana quien tuvo una oportunidad de oro con la muerte del fiscal Anderson. No sólo porque desaparece el fiscal valiente, acucioso, inteligente, vertical, trabajador y decidido a combatir frontalmente la tradicional impunidad que campea en la justicia venezolana, sino porque la circunstancia del asesinato pudo haberla aprovechado la oposición venezolana para reivindicar la democracia como valor, el respeto a la vida humana, su disposición a combatir el terrorismo como arma política; en fin, mensajes de los cuales se había disociado en sus acciones políticas de los últimos años y que ahora se abría la oportunidad de reivindicarse y hasta de dotarse de banderas y consignas de las cuales carece. Pero, una vez mas, en una reiteración infernal, expresión de una patológica conducta autodestructiva, desprecia esa oportunidad y se dedica a enlodar las investigaciones con elucubraciones descabelladas, a ensalzar a los autores materiales del asesinato como virtuosos ciudadanos, a sembrar dudas sobre la conducta ejemplar y moralizante del Fiscal Anderson, en lanzar al voleo revelaciones de ultratumba sobre la honorabilidad de dirigentes de la revolución bolivariana y banalizar el hecho mismo de que ha sido asesinado un valiente ciudadano.
